Los barrios de la C3 de la ribera del Rio Ozama del Distrito Nacional de Santo Domingo tienen un nuevo dolor de cabeza que amenaza seriamente su derecho a la vivienda digna además de exponerlos a una situación de inseguridad respecto a su hábitat y a la violencia estructural que el estado está ejerciendo en la zona como fruto de su incapacidad de planificación y la falta de priorización social de sus políticas públicas.
Comencemos por el principio. Las riberas de los ríos Ozama e Isabela comenzaron a poblarse a finales de los años 50 coincidiendo con la huída masiva de los campesinos a la ciudad. Desde aquel entonces casi todos los jefes de gobierno han mantenido discursos y han promulgado planes para la mejora de la habitabilidad de esta zona urbana. La vía perimetral es la hija de todos esas planificaciones retóricas que nunca llegaron a ver la luz de la realidad. El saneamiento de los ríos y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes es la justificación del plan RESURE diseñado en 1997, a orden de Leonel Fernández, que no dejó de ser literatura propagandística. La Oficina Para el Reordenamiento del Transporte es la encargada de ejecutar esta gran obra que tendrá una extensión de 6.8 km y recorrerá los márgenes de los ríos Ozama e Isabela, impactando en unos nueve barrios ubicados al norte del distrito Nacional, entre los que figuran la Zurza, Capotillo, Gualey, Los Guandules, Simon Bolivar, Las cañitas y Domingo Savio. Ha sido en los últimos años que se ha comenzado a ejecutar y sus consecuencias no dejan de ser visiblemente negativas y denunciables.
Una de las principales consecuencias de la construcción de la vía perimetral son los desalojos de las familias que habitan el territorio por donde la avenida pasará. La sola lectura de los hechos ya pone de manifiesto la falta de planificación y la improvisación de la acción gubernamental. De los 6,8 km que tendrá la vía, apenas 2 están censados, en la Zurza y Gualey.
Los desalojos comenzaron en La Zurza en 2008 y afecto a unas 178 familias. Se prometió hogares para la reubicación de todas ellas. En Mayo de 2010 asistimos a la protesta de 122 familias que todavía no han sido reubicadas. Lo peor de este episodio es que hace apenas dos semanas la OPRET afirmo que no hay recursos, ni para la construcción de las viviendas que faltan ni para mejorar las condiciones de vida de los refugios que en la actualidad albergan a los afectados, donde las aguas negras ya corren libremente por dentro y por fuera de los hogares.
El segundo episodio de desalojos parece no haber sido mejor e incluso a empeorado la situación dejándola en Stand By. El proceso ha sido, cuanto menos, violento. Comenzó a finales de 2009 y el principio orientador ha sido la negociación individual con las familias y la presión gubernamental para expulsar a los habitantes. No ha habido propuesta de reubicación y los desalojos se han basado en la compra del suelo por valores entre los 150 y 300 mil pesos que a apenas han beneficiado a 23 familias. La cantidad pagada no permite a los desalojados comprar vivienda en la zona y en el mejor de los casos han podido acceder a vivienda alquilada, dejando latente la insostenibilidad habitacional que la acción gubernamental propone.
Las obras se paralizaron en navidades y ante esta modalidad irresponsable de desalojar de la OPRET no tardaron en verse las respuestas no cívicas que pretendieron acceder a la venta de viviendas que se construían en apenas un día y que buscaban acceder al dinero fácil que la OPRET estaba repartiendo. El proceso, mal pensado desde un principio, no podía desarrollarse bien y acabó en el corte de las negociaciones con las organizaciones comunitarias y con la acción directa de la fuerza estatal para poder seguir desalojando. Pudimos ver a Leonel Carrasco, subdirector de la OPRET, anunciar orgulloso que “se derrumbaron 84 casuchas levantadas por personas desaprensivas que buscan aprovecharse”. Las obras prosiguieron, pero la problemática también, llegando incluso a tomarse medidas más duras como la quema de más de 30 viviendas a manos de agentes de la policía y de la marina de la guerra. Obviamente entre las viviendas afectadas había ciudadanos que llevaban mucho tiempo viviendo en el barrio y que acabaron en el hospital. El desalojo indiscriminado y la violación de los derechos de las familias pasaron a ser los protagonistas de este caótico proceso de construcción de la vía perimetral.
Actualmente las obras están paralizadas, en la zona de Gualey hay más de 200 viviendas censadas pero que no tienen nada de información sobre su futuro más inmediato, ya que la OPRET ha sacado su maquinaria y ya no hay presencia en el territorio.
Un análisis más global de la situación nos lleva necesariamente a otro megaproyecto que Leonel Fernández ha abanderado desde que llegó al poder. La construcción del metro de Santo Domingo. Y es que mirando con atención la relación entre ambas obras podemos darnos cuenta de lo alarmante de la actual situación. Los trabajos de la segunda línea del metro necesitaban de espacios donde ir almacenando la tierra los sedimentos que se extraían del subsuelo, así varias zonas verdes de la C3 se han convertido en almacenes de caliza hasta que la construcción finalice. La realidad es que los terrenos desalojados para la vía perimetral han sido rellenados con este material extraído de las excavaciones de la segunda línea del metro. Surge entonces la necesaria pregunta ¿La vía perimetral es prioritaria para la OPRET o ha sido el lugar perfecto para guardar las sobras del capricho que el presidente persigue desde que llegó al poder? La respuesta a esta pregunta condiciona mucho el enfoque desde el que el gobierno se acerca a la realidad ciudadana de la C3. Y lo peor de todo, si esta relación entre la construcción de la línea 2 del metro y de la vía perimetral es tan estrecha. ¿Qué debemos pensar ante las declaraciones de Leonel Carrasco de esta semana donde afirma que no hay fondos para proseguir con la construcción del metro? El 8 de Mayo esta misma persona prometió que se iban a reanudar las obras de la avenida en el sector de Gualey en esa semana, mentira. También prometió que se iban a reanudar los diálogos con las organizaciones comunitarias, también mentira. Ahora la OPRET acude al ayuntamiento del distrito nacional para que medie entre las autoridades y los ciudadanos. Mientras tanto, en los medios, se maneja como causa de la paralización de la obra el conflicto que los ciudadanos tienen con la construcción de la vía perimetral.
Si Democracia es Participar, la ciudadanía de la C3 debe reclamar al gobierno responsabilidad en sus actuaciones y en el caso de la vía perimetral, esta no ha hecho más que estar ausente. Más bien la improvisación, la falta de planificación y la manipulación de los ciudadanos de las riberas del Ozama han sido las protagonistas del proceso. La ejecución de esta obra parece pensada como una unión de retales que no duda en violar derechos humanos.
La participación ciudadana ha sido proactiva en esta zona desde hace varias décadas, la movilización ante los desalojos, los planes comunitarios de mejora de la habitabilidad, el trabajo en el saneamiento de las zonas urbanas han sido ejemplos repetidos del pasado. En la actualidad, Foro Ciudadano lucha contra la violación que el gobierno está cometiendo a los derechos de las familias a una vivienda digna. Es otro ejemplo de activación ciudadana que las autoridades han venido ignorando y que no pueden seguir haciendo. Por el bien de la vida digna en la C3 y por la tan querida gobernabilidad democrática que nuestras autoridades abanderan.
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